Ordenan a PGR analizar demanda contra Pablo Salazar


26/02/2018


Rafael Victorio/Tuxtla Gutiérrez/San Cristóbal Press/a 26 de Febrero de 2018.- La presidencia de la República giró a la Procuraduría General de la República (PGR) un oficio mediante el cual solicita se analice la demanda que existe en contra del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de peculado, desviación de recursos públicos, abuso de autoridad y otros, cometidos durante el proceso de reconstrucción por el huracán ‘Stan’.

El director general de Atención Ciudadana, Carlos Eduardo Romero Castro, dejó en claro que existe interés de la presidencia de la República para dar continuación a la averiguación previa número AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XX/133/2009, radicada en la Mesa II de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal.

Lo anterior ante la petición hecha por el presidente de la Asociación de Damnificados y de la Sociedad Civil del Soconusco, Carlos Enrique Tapia Ramírez, enviada en forma directa al presidente Enrique Peña Nieto, para que se ordene agilizar la investigación por un fraude multimillonario cometido con recursos públicos federales destinados a la reconstrucción, por el meteoro ocurrido en octubre del 2005.

“Para el gobierno de la República, es una prioridad atender de manera pronta y expedita los comunicados ciudadanos. Por  esa razón, hemos turnado su planteamiento a la Procuraduría General de la República, para que lo analice y responda a su petición”, señala el documento con número de identificación 20170904TARC3U.

Y es que a pesar de existir esa demanda en su contra, el exgobernador Pablo Salazar fue registrado como candidato independiente al Senado de la República por el Instituto Nacional Electoral (INE), ante lo cual Tapia Ramírez dijo que se está cometiendo una injusticia.

El exmandatario chiapaneco es acusado de desviaciones de recursos públicos al destinarse más de 11 mil 715 millones de pesos por parte del gobierno federal para atender el desastre por el huracán ‘Stan’, pero se dejaron obras inconclusas, de mala calidad y en el desamparo a miles de familias afectadas en 41 municipios afectados.

Asimismo, se desconoce el paradero de millones de pesos otorgados por empresas nacionales e internacionales, entre ellos algunos artistas que los aportaron para ayudar a la reconstrucción, mencionó.  

Protección

De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-FEDCCSPF-887-2017, el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II, Rubén Martínez Casanova y el encargado de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, Felipe Valdivieso Cabrera, habían señalado que la averiguación previa en contra del exgobernador Pablo Abner Salazar Mendiguchía, se encontraba “en reserva”.

En lo que se consideró como una clara protección al exmandatario estatal de Chiapas, estos argumentan que “no contaban con elementos suficientes para ejercitar la acción penal, en virtud que los hechos –destrucción por el huracán ‘Stan’-, ocurrieron en octubre de 2005, y de las inspecciones oculares practicadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación, no resultaron elementos de prueba suficientes para la integración y perfeccionamiento de la misma”.

Los funcionarios de la PGR dejan ver la falta de interés en hacer una investigación seria, cuando establecen que “las inspecciones oculares que pudieran practicarse en los municipios y localidades faltantes del estado de Chiapas, resultarían ineficaces para valorar los daños que presentaron en su momento, toda vez que éstos, ya fueron reparados o desaparecieron las evidencias por el tiempo transcurrido”.

Además, señalan que la denuncia fue presentada hasta el año 2009, cuando el fenómeno meteorológico ‘Stan’ aconteció los días 3, 4 y 5 de octubre del 2005, por tanto “para esas fechas habían desaparecido algunas evidencias en cuanto a las afectaciones sufridas y en segundo lugar, los daños causados, ya no se pueden apreciar”.

Martínez Casanova y Valdivieso Cabrera, en otro oficio bajo el número UEIDCSPCAJ/FECCSPF/1082/2017, fechado el 11 de diciembre del 2017, reconoce que no se han podido realizar inspecciones en más de 60 localidades de la Sierra Madre y La Frailesca, en relación a la averiguación que se le sigue a Salazar Mendiguchía.

En ese sentido, precisan que “los lugares son de difícil acceso, las distancias son largas y se tiene que concertar cita primeramente con los líderes comunales del lugar para empezar a realizar cualquier diligencia; además de que el personal se tiene que desplazar a los municipios afectados, y que éstos están retirados”.

Por ese motivo, reconocen que “quedaron pendientes las inspecciones de viviendas en 50 localidades del municipio de Motozintla, 11 localidades del municipio de Siltepec y las programadas en los municipios de Villa Corzo, Villaflores, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero”.

Demanda

La averiguación previa en contra de Pablo Abner Salazar fue iniciada el 3 de abril del 2009, suscrita por damnificados del huracán ‘Stan’ y el presidente de la Sociedad Civil del Soconusco, Carlos Enrique Tapia Ramírez, por el desvío de recursos destinados para la reconstrucción en 41 municipios de Chiapas.

Y es que muchas de las obras fueron de mala calidad, no se concluyeron, fraccionamientos ubicados en terrenos irregulares, viviendas sin servicios básicos y otras irregularidades.  

Fueron más de 11 mil 750 millones de pesos los que se destinaron el gobierno federal para ese proceso, aparte de grandes cantidades no especificadas por parte de empresarios, artistas y organismos nacionales e internacionales que no se sabe en qué se invirtieron, dejando en el desamparo a miles de damnificados.

Las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública del Estado, en primera instancia encontraron desviaciones de recursos por más de mil cien millones de pesos que debieron utilizarse en la reconstrucción.

CNDH admite queja

Ante la serie de irregularidades y la clara protección que los funcionarios de la PGR están dando al exgobernador Salazar Mendiguchía, un grupo de afectados por el fenómeno meteorológico de octubre del 2005, presentó una solicitud ante la presidencia de la República y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la admitió, asignándole el número CNDH/1/2017/6932/Q, con la finalidad de que se reabra la investigación.

En el oficio 60315, el ombudsman nacional, refiere que la Visitadora Adjunta de la Primera Visitaduría General, María de Lourdes Salas Blas, es la encargada de darle seguimiento a dicha queja, la cual se encuentra en proceso de investigación.

Aclara que “de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la Ley de la CNDH, la formulación de la queja ante este organismo no afecta el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder al agraviado conforme a la ley, y no suspende ni interrumpe los plazos preclusivos, de prescripción o caducidad”.

Con ello deja en claro que paralelamente se puede seguir con el proceso jurídico de la averiguación previa iniciada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la PGR.

Huracan “Stan ”

La dimensión de los daños provocados por el huracán ‘Stan’ se miden en que dejó a decenas de personas fallecidas, 27 mil 665 viviendas afectadas, de las cuales 14 mil 274 con pérdida total y que requerían ser reubicadas; 661 obras de agua potable, drenaje y saneamiento devastada; mil 79 carreteras, caminos, puentes vehiculares y de hamaca, destruidos.

Asimismo 160 obras hidráulicas con daño total, 259 escuelas, 114 clínicas y hospitales, 13 del sector agrícola y pesquero y tres de equipamiento urbano, aparte de la red ferroviaria que no fue tomada en cuenta en el plan de reconstrucción.

De todo ello, el gobierno de Pablo Salazar dejó a su sucesor Juan Sabines Guerrero cientos de obras suspendidas e inconclusas, aunque sin presupuesto para continuarlas, según dieron a conocer en su momento las autoridades de la Secretaría de la Función Pública –antes Contraloría General del Estado-.

Asimismo, las auditorías practicadas determinaron desviaciones de recursos públicos superiores a los mil cien millones de pesos, por lo que se presentaron las denuncias por ejercicio indebido del servicio público, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, todas del ámbito federal y ejercicio indebido del servicio público del orden local.

A pesar de ello, no se ha procedido en contra de los responsables de esas acciones que dejaron en el desamparo a miles de familias damnificadas, tanto que a quienes se les otorgaron viviendas todavía carecen de un documento que acredite la propiedad de la vivienda que habitan.


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