22/11/2018
Elio Henríquez/San Cristóbal de Las Casas/San Cristóbal Press/a 22 de Noviembre de 2018.-La Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el Feminicidio en Chiapas junto con la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (Redias) exigieron a la Fiscalía General del Estado que realice “las investigaciones profundas e imparciales y se castigue con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables del lamentable asesinato” de una niña de 12 años, que se encontró flotando en el río que atraviesa por la colonia Peje de Oro, en el norponiente de San Cristóbal de Las Casas el pasado 18 de este mes.
“Las evidencias y testimonios apuntan a que se trata de un feminicidio, por lo que denunciamos la actitud de discriminación y negligencia con la que han actuado el personal y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía”, afirmaron.
En un documento, exigieron que las autoridades competentes garanticen la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en las colonias y escuelas preescolares, primarias, secundarias y preparatorias de San Cristóbal de Las Casas y que la policía haga su trabajo de rondines en las escuelas, para garantizar la seguridad.
Denunciaron la “impunidad generada por la reiterada incapacidad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas en la investigación de delitos cometidos contra mujeres y niñas”.
Recordaron que en 2015 “comenzó a regir plenamente la reforma constitucional en materia penal, lo que significaba un cambio importante en el actuar de Fiscales y Jueces, pero a la par implicó un reto al exigir una mayor profesionalización de los operadores del nuevo sistema de justicia penal”.
Afirmaron que en noviembre de 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en varios municipios de Chiapas, incluido San Cristóbal, pero “la realidad de violencia e impunidad que se vive es latente”.
“La información que circula en medios de comunicación, así como la que hemos documentado en la labor de defensa de derechos humanos de mujeres y niñas demuestra la notoria incapacidad de los fiscales del Ministerio Público y auxiliares, para realizar de forma adecuada y con apego a derecho las investigaciones por delitos cometidos contra mujeres”.
Señalaron que por ello, “existen perpetradores que han quedado impunes por violaciones al debido proceso -contaminación de la escena del crimen, construcción de testigos y pruebas que no soportan el debate, entrevistas mal realizadas, peritajes obscuros y erróneos, etcétera- o la realización de prácticas de tortura en el sistema tradicional o las sentencias de personas inocentes previo acuerdo entre la Fiscalía y el Poder Judicial”.
Fotografía:Archivo
