Policías y habitantes se enfrentan a tiros en Bochil


04/07/2019


-En demanda de 11 millones de pesos del Copladem. 

Mary José Díaz/San Cristóbal Press/ a 04 de julio de 2019.Habitantes del municipio de Bochil se enfrentaron a tiros con la policía municipal en demanda de 11 millones de pesos del Copladem. En la reyerta retuvieron a 11 elementos policiacos y quemaron una Urvan de transporte público a la entrada de la comunidad Venustiano Carranza.

El alcalde Gildardo Zenteno Moreno, que habría renunciado al cargo político el pasado 7 de junio presuntamente para no verse involucrado en actos de corrupción, sigue en funciones, luego de que el Congreso del Estado no reconoció la licencia que el munícipe dio a conocer en redes sociales.

Los inconformes de las comunidades Canadá y Venustiano Carranza esperaban este miércoles el pago de 11 millones de pesos de Copladem, comprometidos por Zenteno Moreno, pero al no ser entregados se enfrentaron a balazos frente al edificio de la presidencia municipal.

Luego de un intercambio de balazos, lograron retener a 11 policías y posteriormente realizaron destrozos al interior de la alcaldía, donde supuestamente robaron más de 800 mil pesos que tenía en efectivo el tesorero del ayuntamiento y que correspondía a la nómina de los trabajadores.

Más tarde, los inconformes quemaron una Urvan de pasaje Tuxtla-Bochil a la entrada de la comunidad Venustiano Carranza, donde impidieron la toma de videos y de fotografías, ya que las acciones violentas las realizan con el rostro descubierto.

Asimismo bloquearon la carretera federal a la altura de la comunidad en mención, donde no permitían el paso de ningún automovilista, ya que la unidad siniestrada impedía el paso junto con un grupo de los inconformes.

Cabe mencionar que en este municipio la principal demanda de las comunidades está relacionada con el Copladem, que consiste en un apoyo económico en efectivo para la realización de obras públicas o bien para el mejoramiento de vivienda.

Este apoyo se convirtió en un gran negocio para políticos que operan en la zona, como la diputada Adriana Aguilar Pavón y su padre Roberto Aquiles Aguilar Hernández, presuntamente involucrados con constructores que adelantan el recurso del Copladem a las comunidades que luego con armas en mano exigen el apoyo.


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