Modernizar la política de seguridad en los municipios


2017-03-19 21:10:10


Abrir los espacios para la participación ciudadana como mecanismo para resolver los problemas de inseguridad y para construir un municipio seguro



Por Manuel Gutiérrez Ortiz.

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 Por Manuel Gutiérrez Ortiz.

 

Actualmente existe una corriente democratizadora mundial, es decir, la misma democracia se está renovando, los conceptos como gobernabilidad, mejoramiento de la moralidad y calidad de la política, desarrollo humano, la lucha contra la corrupción, la participación de la sociedad civil, el rediseño y modernización de las instituciones, están perfeccionando y dinamizando el modelo democrático. 

En un sentido general, una política de seguridad pública engloba al conjunto de acciones gubernamentales y sociales que, de alguna manera, inciden sobre el conjunto de factores y condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que favorecen, consolidan o determinan los conflictos, hechos de violencia y delitos producidos en un determinado contexto social. 

En este marco, toda política social, cultural, económica, educacional o laboral podría considerarse como parte de una política seguridad pública. De alguna manera estas proyecciones y acciones generan algún tipo de impacto sobre la situación de la seguridad pública.

Una política de seguridad pública es el conjunto de intervenciones públicas llevadas a cabo por los diferentes actores del estado y sociales a los efectos específicos de abordar y resolver aquellos riesgos y conflictos de carácter violento o delictivo que lesionen los derechos y libertades de las personas en un determinado ámbito.

La participación ciudadana es un mecanismo para resolver nuestros problemas y construir el municipio que anhelamos, respetando los derechos de todos; los ciudadanos debemos asumir compromisos de participación en el diseño de las múltiples acciones que son posibles en nuestra localidad en materia de seguridad.

Se deben de impulsar acciones de sensibilización de la población sobre la importancia de la temática, realizar talleres de capacitación, llevar a cabo un diagnóstico sobre la situación de seguridad, incluyendo victimización y percepción de inseguridad de la población. Este proceso lleva a identificar la necesidad de elaborar una Política Pública Municipal de Seguridad. 

La Política Municipal de Seguridad permitirá a San Cristóbal de Las Casas fomentar el mejor relacionamiento de todos los sectores de la sociedad, abriendo el espacio para el diseño de acciones que nos permitirán recuperar la confianza y el sentido de integración de toda la ciudadanía, esta política plantea las directrices que normarán el ámbito de las acciones en materia de seguridad. 

Contribuir a través de la Política Pública Municipal de Seguridad con la consolidación del Estado de Derecho y la gobernabilidad, privilegiando el respeto a los derechos humanos, y fortaleciendo el carácter preventivo de las acciones municipales en contra de la violencia, lograr que a través de la participación  ciudadana tengamos un municipio seguro, integralmente solidario, en el cual no existan factores de riesgo que afecten el desarrollo físico, emocional y mental de todos sus habitantes.

Abrir los espacios para la participación ciudadana como mecanismo para resolver los problemas de inseguridad y para construir un municipio seguro, así como alentar la participación de la juventud en la identificación de los problemas que les afectan para que los jóvenes sean los gestores y promotores de propuestas de solución en temas de seguridad pública, es otro de los aspectos a resolver.

Una política de seguridad no es más eficaz sólo por sumar más policías en la calle, detenciones, procesos y reclusos en las cárceles, como se nos hace creer tan a menudo, tampoco por rebajar el número de denuncias la eficacia se debe medir en el descenso de los delitos cometidos, de las víctimas y de los daños, y sobre todo de la sensación de inseguridad.

La mejor solución para combatir el delito y la violencia consiste en una combinación de todas las posibles alternativas. Alessandro Baratta propone un modelo que integra ambas perspectivas y considera importantes las siguientes condiciones: la aplicación de la legalidad contra la impunidad de los funcionarios y de los particulares, la participación de los ciudadanos en los planes y programas de seguridad, la prioridad de las estrategias sociales orientadas a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, la colaboración de los ciudadanos y la policía, la definición y aplicación de los planes de seguridad ciudadana de manera conjunta entre sociedad civil y gobierno.

No son las políticas de prevención ni las políticas de control, por sí solas, las mejores opciones. Una alternativa que se ha venido ensayando en varios países es la organización ciudadana para combatir la delincuencia, que busca una participación informada por parte de los miembros de la sociedad para la elaboración de los planes y programas de seguridad, así como para determinar las prioridades de acción.

Sin embargo, es importante establecer una agenda de prioridades estratégicas, pues las necesidades del municipio parecen interminables y no se puede atender todo con el mismo nivel de prioridad la intensidad con que tienen que abordarse las demandas y dotación cotidianas de la población en materia de servicios públicos y de trámites, termina por vencer los propósitos de innovación necesarios en el nuevo contexto municipal, sino se tienen claros los objetivos y las prioridades, así como ciertos criterios para la elaboración de las políticas públicas.


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