Cancino en su trampa


2017-04-25 07:32:52


El presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino González, continúa enredado en su propia trampa: El Reglamento Interior del Ayuntamiento.



Elio Henríquez/Rotonda Pública

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Cancino en su trampa

El presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino González, continúa enredado en su propia trampa: El Reglamento Interior del Ayuntamiento.

El problema se lo generó él mismo cuando el 24 de febrero de 2016 decidió modificar el Reglamento interno que funcionaba desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, elaborado durante la administración de municipal del extinto Jorge Mario Lescieur Talavera.

Ese documento era bastante funcional y lo único que necesitaba era algunas adecuaciones y actualizaciones para hacerlo más útil para las necesidades de la población.

Pero resulta que en lugar de ello, Cancino González, apoyado por la síndica y los regidores incondicionales -incluidos los de partidos de “oposición”-  lo modificó, con lo que empezó uno de los problemas que más desgaste político le ha ocasionado en los últimos 14 meses.

En primer lugar, restringió las participaciones abiertas de la población y la duración de las mismas, lo que desde entonces se ha vuelto ya una demanda/consigna popular que no lo ha dejado día y noche, y lo ha marcado: “Cabildo abierto”.

Lo que pretendía con esta restricción era evitar que la población inconforme por razones diversas con su administración se manifestara en las sesiones del cabildo, lo que hacen quienes no son políticos o simplemente no soportan que sus “gobernados” les reclamen la falta de obras o de atención a sus demandas.

El alcalde coleto no contaba con que la regidora por Morena Jerónima Toledo Villalobos y su abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz recurrirían a la justicia federal porque el citado reglamento fue aprobado violando diversas disposiciones legales, independientemente de su inconstitucionalidad.

Fue así como a finales del año pasado, el juez de distrito de Amparo, José del Carmen Constantino Avendaño, ordenó a Cancino González y a su síndica y regidores incondicionales que repusieran el proceso mediante el cual fue aprobado el reglamento.

Así lo hizo y el 30 de enero corrigió a medias algunas partes, pero nuevamente volvió a violar disposiciones legales y una vez más el juez le pidió que corrigiera.

Por segunda ocasión, el 30 de abril se realizó una nueva sesión para dar respuesta al fallo judicial, pero tampoco se cumplió. Si en esa reunión hubiera atendido la propuesta del regidor de Morena, Carlos Herrera, de que se anulara el reglamento aprobado el 24 de febrero y se trabajara con el que funcionaba desde hace más de 20 años y se elaborara uno nuevo consensando, se habría evitado muchos problemas. Pero, terco como es decidió seguir adelante con el documento que él propuso y aprobó.

Apenas este mes, el juez nuevamente le pidió dejar insubsistente la sesión del cabildo del 24 de febrero, lo que significa que el reglamento aprobado en esa fecha no es válido. Con este fallo, se cayeron algunos acuerdos que ya había tomado el ayuntamiento en las sesiones pasadas, por lo que tuvo que pagar a algunos regidores la parte del salario que les había descontado.

Finalmente, ayer lunes, el ayuntamiento convocó a una sesión extraordinaria para acatar la resolución del juez y declarar, por fin, la insubsistencia de la sesión del 24 de febrero. Con este acuerdo tomado en la sesión que duró apenas media hora, sin la participación de los regidores Toledo Villalobos y Herrera, así como de Alejandra García –todo un enigma-, de Chiapas Unido, quedó invalidado el reglamento modificado en las sesiones del 30 de enero y 10 de abril.

Esto significa que no sirvieron de nada las sesiones y los acuerdos del 30 de enero y del 10 de abril, en las que el cabildo pretendió, sin conseguirlo, atender el fallo del juez.

¿Qué sigue ahora? ¿Convencerá al juez la respuesta del ayuntamiento acerca del cumplimiento de la más reciente resolución? Quién sabe porque tampoco en esta ocasión se cumplió con las disposiciones legales, ya que, según Carlos Herrera, él recibió la notificación de la reunión apenas tres horas antes. Ello significa que el acuerdo es impugnable jurídicamente y que el alcalde corre el riesgo de que otra vez el juez se lo eche para abajo.

 

Cada batalla jurídica perdida representa un golpe político para el presidente municipal, sus regidores y la síndica que le son incondicionales.

 

Ante este desgaste, lo más sano para él es que de una vez abandone la idea del nuevo reglamento y regrese al anterior o de lo contrario terminará su administración y no lo podrá echar a andar, y su pretendida reelección se alejará cada vez más.

 

Y todavía falta ver saber qué pasará con todas las sesiones y los acuerdos tomados con base en el nuevo reglamento que ha sido invalidado, porque el sentido común sugiere que si la sesión del 24 de febrero quedó insubsistente, también tendría que pasar lo mismo con el reglamento aprobado en esa reunión. Es casi casi como preguntarse: ¿Quién fue primero: el huevo o la gallina?

 

Es entendible que el alcalde no sepa de leyes porque no es abogado sino ingeniero, pero para eso debe de tener (buenos) asesores jurídicos que le aconsejen qué hacer en estos casos porque de todas, lleva perdidas todas. Y las que faltan porque seguramente la regidora Toledo Villalobos seguirá ganando amparos.

 

Este es sólo un capítulo de los varios problemas en los que Cancino González se ha metido, con ayuda de algunos de sus colaboradores cercanos, claro, porque además, para el 4 de mayo está programado un careo entre él y Pedro Álvarez Moshán, quien interpuso una demanda por amenazas.

 

El antecedente es el siguiente: El 4 de marzo pasado, el alcalde se topó con Álvarez Moshán frente al Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez y sin más le soltó, palabras más palabra menos: “Uno por uno los voy a ir encontrando y quiero ver si uno por uno son tan machitos para gritarme como lo hacen en bola, porque yo tengo mi lista y los tengo bien identificados. Los voy a encontrar uno por uno y les voy  a partir la madre”. El enojo del presidente es porque Pedro Álvarez y otros habitantes de la colonia Maya le han exigido que solucione los problemas ocasionados por una inundación ocurrida el año pasado, que ha sido atendida sólo a medias.  

 


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