¿De qué se trata?


2017-05-26 07:24:27


El argumento no tiene más sustento jurídico que el hecho de que mi nombre fue mencionado en una declaración ministerial relacionada con el caso, en el contexto de la elaboración de una nota periodística.



Elio Henríquez. ¿De qué se trata?

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¿De qué se trata?

Una fuente de la Fiscalía General del Estado me ha anunciado que posiblemente me citen a declarar en torno al asesinato del dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOAC-H), Luis Hernández Cruz, acribillado el 4 de mayo pasado en Comitán.

El argumento no tiene más sustento jurídico que el hecho de que mi nombre fue mencionado en una declaración ministerial relacionada con el caso, en el contexto de la elaboración de una nota periodística.

El contexto del asunto es el siguiente: Poco después del asesinato de Luis Hernández Cruz, un amigo funcionario estatal -cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato- que de repente me comparte alguna información, me llamó para darme la noticia de que el dirigente de origen tojolabal había sido asesinado.

Yo ya tenía el dato porque en un grupo de WhatsApp de compañeros, sobre todo de la capital del estado, lo habían mencionado. Tratándose de un líder campesino, ex diputado federal, su asesinato era una nota publicable a nivel nacional, por lo que había que confirmar con varias fuentes su veracidad.

Por ello, le marqué a su hermano Antonio Hernández Cruz -con quien desde hace muchos años he mantenido una relación profesional en mi calidad de reportero y él de dirigente indígena y campesino-, quien sorprendido me contestó que no sabía nada porque había viajado a Tuxtla Gutiérrez.

Después de hablar algunos minutos con él me llegó un mensaje del funcionario estatal con datos adicionales que le hice llegar a Antonio por WhatsApp. Como no respondía le volví a marcar para decirle que le había mandado el mensaje, que quedó registrado en su teléfono, y para pedirle otros datos acerca del trabajo político de su hermano.

Después de confirmar y “cruzar” los datos acerca del asesinato redacté la nota correspondiente que poco después fue publicada en el portal del periódico La Jornada, del que soy corresponsal en Chiapas.

Esa misma noche, Antonio Hernández Cruz escribió en su página de Facebook que se había enterado del asesinato de su hermano por mi conducto, pero sucede que al día siguiente fue detenido por la policía como sospechoso del asesinato de su hermano.

El mismo funcionario estatal me llamó el 5 de mayo por la mañana para comentar el asunto de la detención del hermano del dirigente asesinado, y de paso mencionó que en su teléfono se había encontrado el mensaje que yo le había enviado, lo cual confirmé porque así fue.

La fuente que me contactó el miércoles para anunciarme de la posibilidad del citatorio judicial, me dijo que en su declaración Antonio Hernández Cruz asentó que se enteró del homicidio por una llamada de Elio Henríquez, corresponsal de La Jornada, como lo había escrito en el Facebook la noche anterior.

Esa llamada, que pudo ser grabada por los servicios de inteligencia, y el mensaje por WhatsApp, tenían fines exclusivamente periodísticos para confirmar la información, como exige la ética. Nadie más indicado, en teoría, para confirmar un dato de ese tipo que un hermano.

En muchos casos de esta naturaleza ocurridos en el pasado he procedido de la misma forma: hablar con funcionarios del gobierno, con familiares o compañeros de personas asesinadas.

Ante la posibilidad de que me sea enviado un citatorio a declarar pregunto: ¿Son los fines exclusivamente relacionados con la investigación o tienen un fondo intimidatorio-persecutorio por el trabajo periodístico? ¿Contribuiría en algo mi declaración que no contendría más datos que los que aquí escribo y que desde ahora el agente del Ministerio Público responsable del caso puede tomar como declaración?

Picotazos

El abogado Jorge Aranda se comunicó con esta Rotonda Pública para expresar su indignación por lo que considera una injusticia y falta de sensibilidad, ya que ni la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la que fue catedrático y director, ni el ayuntamiento, donde hace años fue síndico, ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que fue militante, le rindieron un homenaje al sancristobalense Benjamín Rojas, fallecido el  pasado fin de semana. Lo menos que dijo el abogado coleto, es que quienes encabezan estas tres instancias son unos malagradecidos que no tienen memoria. Ahí queda su comentario… Ayer se cumplieron diez años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Hasta la fecha han sido infructuosos los esfuerzos de familiares y amigos por encontrarlos y a pesar de que un juez federal resolvió que se permitiera su búsqueda en instalaciones militares, no se ha cumplido el fallo. Además, en 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 7/2009, dirigida a las autoridades municipales de la ciudad de Oaxaca, a las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca y a las autoridades federales para señalar su responsabilidad en el cometido de la desaparición forzada contra los dos luchadores sociales”. Ambos fueron detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, cuando era presidente de la República el panista Felipe Calderón… Para hoy, viernes 26, está programado el inicio de la asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) para México, convocada por el Congreso Nacional Indígena. Durante tres días se instalarán mesas de trabajo en las que serán tratados los propósitos y estrategias del CIG, su funcionamiento y organización, su vinculación con otros sectores de la sociedad civil. Ahí se hará el nombramiento de la vocera del CIG, que participará como candidata independiente a la presidencia de la república en 2018. Los trabajos se realizarán en las instalaciones del Cideci-Unitierra, con sede en San Cristóbal de Las Casas. Fin.


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