33 meses


2017-07-04 06:51:39


Han pasado ya dos años con 9 meses de que ocurrieron los hechos y pocos avances se tienen en las investigaciones por la falta de voluntad política de las autoridades de llegar al final de la indagatoria y castigar a los responsables.



Rotonda Pública Elio Henríquez

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Rotonda Pública

Julio 04

Por: Elio Henríquez

 

33 meses

El pasado fin de semana arribó a Chiapas una caravana integrada por padres y familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en su lucha porque aparezcan con vida y que se haga justicia por este crimen.

Han pasado ya dos años con 9 meses de que ocurrieron los hechos y pocos avances se tienen en las investigaciones por la falta de voluntad política de las autoridades de llegar al final de la indagatoria y castigar a los responsables.

Esto ha obligado a los padres, a los familiares, a los compañeros y amigos de los estudiantes, así como a muchas personas solidarias, a seguir la lucha para que los hechos no sólo no queden en el olvido sino que no queden impunes y con ello evitar que se repitan como ha sucedido con masacres como las de 1968, 1971 o la de Acteal de 1997, entre otras.

En su recorrido por estados del sur sureste del país, los padres y familiares insistieron en la exigencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) profundice en 4 líneas de investigación que dejó pendiente el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: se investigue a los militares, ya que aseguran ellos estuvieron al tanto de a dónde eran llevados los 43 estudiantes; que se profundice en la investigación de los policías federales y municipales, ya que estos últimos se llevaron del puente de Huizuco a 24 jóvenes.

Asimismo, que se investigue la telefonía celular, ya que 17 teléfonos de los jóvenes siguieron funcionando; incluso de uno se logró su ubicación en el Campo Militar número uno y otro en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y que se investigue el trasiego de drogas a Chicago, línea que no ha sido tomada.

Según ellos, esas cuatro líneas de investigación llevarán a la verdad, a la justicia y al castigo de los responsables directos del crimen, que desde el inicio fue condenado dentro y fuera del país y que ha ocasionado un mayor deterioro de la imagen del Gobierno Federal.

Por lo menos dos cosas llaman la atención a dos años con 9 meses de los hechos: las investigaciones han avanzado muy poco y que los padres, otros familiares y diversos sectores sociales del país no han cesado la lucha para exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes y que se haga justicia.

También es claro que conforme pase el tiempo el tema se irá diluyendo en mayor o menor medida y se corre el riesgo de que como en masacres de años anteriores nunca se sepa la verdad y los hechos queden impunes.

Por lo pronto, estamos a unos meses de que comience de lleno el proceso electoral para elegir al nuevo presidente de México, a los senadores y diputados federales, y en algunos estados como Chiapas, gobernador, legisladores y presidente municipales, lo que podría hacer que se pierda interés en el caso Ayotzinapa.

Probablemente a esto, al olvido, apuestan las autoridades como lo hicieron en su oportunidad otros gobiernos que poco o nada hicieron para esclarecer crímenes de lesa humanidad y castigar a los responsables.

De todos modos, no deja de ser alentador que a pesar de que han pasado 33 meses, mucha gente sigue pendiente del caso y presionando al gobierno para que los normalistas aparezcan con vida, pues aunque mínimas, existen posibilidades de que no estén muertos, o cuando menos no todos.

El apoyo a esta causa se vio claramente en San Cristóbal de Las Casas el pasado sábado en una marcha de más de tres mil personas encabezada por padres y familiares de los 43 jóvenes. Claro, muchos grupos y organizaciones fueron por su propio interés y demandas.

En esa manifestación marcharon juntos, por ejemplo, maestros de dos corrientes internas de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que están confrontadas y que cada 26 de mes marchan por separado: el Movimiento de Educación Indígena (MEI) y el Consejo Central de Lucha (CCL).

La marcha, es cierto, fue variopinta, pero de todas maneras debe de destacarse que fueron los padres y familiares de los 43 normalistas los que lograron conjuntar a las más de tres mil personas, con participación destacada de muchos jóvenes, por la justicia de su lucha, de sus demandas.

Cualquiera que hubiera perdido un hijo de esa forma, haría lo imposible por luchar para exigir que aparezca con vida si es que existe algún indicio de que no haya muerto, o para que se haga justicia y encarcele a los responsables.

Claro, siempre habrá una que otra persona que antes de ponerse en su lugar, en su dolor, se pregunte y preguntará como ocurrió durante su recorrido por Chiapas: “¿Quién financia a los padres para recorrer el país?”. Ello sólo denota una gran insensibilidad y falta de respeto por la vida de los 43 jóvenes y por sus familiares.

Tratar de descalificarlos por ese solo hecho es algo mezquino. A lo mejor sienten que el movimiento y las protestas podrían tener alguna repercusión en las elecciones federales de 2018, pero si fuera el caso, están en su derecho con tal de encontrar una opción que lleve las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, lo que por ahora no parece posible.

Es cierto, en casos como este se conjuntan muchos intereses de personas o grupos, pero debe de entenderse que el objetivo principal es la aparición con vida de 43 muchachos que fueron desaparecidos de una manera casi inexplicable, pues no son dos o tres que se puedan esconder fácilmente. Toda persona que tenga un mínimo de sensibilidad por el dolor ajeno tiene que sentirse indignada por este crimen y unirse a la exigencia de los padres y familiares. 


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